En el artículo 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de Ley del Banco Central de Venezuela (“DLOBCV”) se regula la posibilidad que tienen las partes de acordar el cumplimiento de obligaciones en divisas, mientras que en el artículo 123 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“DLOTTT”) se prevé que el salario deberá ser pagado en “moneda de curso legal”.

El artículo 123 del DLOTTT prevé que el salario deberá ser pagado en moneda de curso legal, por lo que algunas personas consideran que no es posible pagar el salario en divisas, porque entienden que la referencia a moneda de curso legal, sólo puede ser entendida como que el salario debe ser pagado en bolívares, cuando lo correcto es entender que en la norma se prohíbe el pago del salario en: (i) mercancías; (ii) vales; (iii) fichas; o (iv) cualquier signo representativo con que quiera sustituirse la moneda, porque el salario deberá ser pagado en moneda de curso legal.

Por lo tanto, se debe entender que el legislador reguló la prohibición del truck system en Venezuela, debido a prácticas ejecutadas en contra de los trabajadores hasta mediados del siglo XX, en la que los trabajadores recibían fichas por el pago de su trabajo que eran cambiadas en los establecimientos del patrono.

De hecho, se debe tener en consideración que en el artículo 147 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo (“DLOT”) se establecía que “el salario deberá pagarse en dinero efectivo”, situación que reconoce la prohibición del truck system contemplada en el artículo 3 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, por cuanto lo prohibido es pagar el salario en: (i) pagarés; (ii) vales; (iii) cupones; o (iv) mercancía, fichas o cualquier otro signo con que quiera sustituirse la moneda.

Como vemos, antes de la entrada en vigencia del artículo 123 del DLOTTT, resultaba claro que en Venezuela se podía pagar el salario en cualquier moneda, por lo que resultaba legal pagar el salario en divisas, situación que deriva en que no se deba entender que la reforma de la norma, conlleva una restricción en la interpretación que se realizaba bajo la vigencia del DLOT, por cuanto ello podría ser entendido como una violación de la progresividad de los derechos de los trabajadores, lo que derivaría en una violación del numeral 1 del artículo 89 de la CRBV.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que aún bajo la vigencia del artículo 123 del DLOTTT, la intención del legislador es que el salario sea pagado en dinero, por cuanto la prohibición sólo se encuentra referida al truck system, más aún cuando expresamente se dispone que no se podrá pagar el salario en “mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda.”

Así, a pesar que en el artículo 123 del DLOTTT se utiliza el término moneda de curso legal, cuando se regula la prohibición del truck system se emplea el término moneda, por lo que es evidente que la intención del legislador es que el salario sea pagado en moneda (dinero).

 

La sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y el pago de salario en moneda extranjera

Sin embargo, en las decisiones dictadas por la Sala de Casación Social (“SCS”) del Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) se encuentran algunos aspectos que se deben tomar en consideración cuando se estudia el pago del salario en divisas.

En este sentido, encontramos que en la sentencia N° 1792 dictada en fecha 13 de diciembre de 2005 en el caso: Wood Group Pressure Control, C.A., se determinó que las cantidades de dinero que eran pagadas al trabajador en divisas tenían carácter salarial y estaban sujetas a retenciones del impuesto sobre la renta, a pesar que el pago era realizado en una cuenta en el extranjero, pero estableciendo el cumplimiento de la obligación en bolívares.

[ Para leer la sentencia N° 1792 ¡clic aquí! ]

Posteriormente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 376 dictada en fecha 23 de abril de 2010 en el caso: Corvel Mercantil, C.A. señaló que las comisiones que eran devengadas el trabajador en divisas, tenían que ser consideradas a los efectos del pago de los beneficios laborales, pero se estableció el cumplimiento de la obligación en bolívares con base en la tasa de cambio fijada por la SCS del TSJ.

[ Para leer la sentencia N° 376 ¡clic aquí! ]

Más recientemente, la SCS del TSJ en la sentencia N° 884 dictada en fecha 5 de diciembre de 2018 en el caso: Teleplastic, C.A., señaló que las partes podrá acordar el pago de las obligaciones laborales en divisas, siendo necesario que exista un acuerdo entre las partes con base en lo dispuesto en el artículo 128 del DLOBCV, criterio que posteriormente fuera tomado en consideración por la SCS del TSJ en la sentencia N° 62 dictada en fecha 10 de diciembre de 2020 en el caso: Tecnología Smartmatic de Venezuela, C.A., en la que consideró que las partes acordaron el pago del salario en divisas, por lo que el trabajador tenía derecho al pago del diferencial reclamado por concepto de beneficios laborales.

[ Lee la sentencia N° 884 ¡dando clic aquí! y la sentencia N° 62 ¡haciendo clic aquí! ]

Adicionalmente, en la sentencia N° 99 dictada en fecha 16 de diciembre de 2020 en el caso: Corporación Andina de Fomento determinó que era posible interponer una demanda en divisas, sólo que la parte debe cumplir con la formalidad prevista en el artículo 130 del DLOBCV.

[ Para leer la sentencia N° 99 ¡clic aquí! ]

Con base en lo anterior, es claro que las partes pueden acordar el pago del salario en divisas, sin embargo, se deben evaluar las implicaciones laborales y tributarias que se derivan del pago del salario en divisas.

 

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Sobre el autor:

Reinaldo Guilarte Lamuño. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Miembro de Número del Instituto Venezolano de Derecho Social; ha participado en la Sección Latinoamericana de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Capítulo Venezuela). Profesor en la Universidad Católica Andrés Bello de 2009 a 2016. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Derecho Social, para el período 2015-2017.

 

 

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